El Poder Ejecutivo promulgó el Decreto 433/2025, que elimina requisitos burocráticos para que cooperativas y entidades sin fines de lucro puedan ofrecer servicios de telecomunicaciones. La medida, presentada como un impulso a la competencia, suprime el polémico procedimiento de oposición ante el ENACOM que hasta ahora evaluaba el impacto de nuevos operadores en el mercado. Sin embargo, especialistas cuestionan si esta flexibilización realmente garantizará igualdad de condiciones, especialmente frente a empresas privadas que deben cumplir con exigencias más estrictas.

¿Mayor competencia o ventajas para algunos actores?

Aunque el gobierno insiste en que la norma beneficiará al sector en su conjunto -incluyendo asociaciones civiles con permisos de servicio público-, persisten interrogantes sobre su implementación transparente. El decreto establece salvaguardas como la prohibición de subsidios cruzados y el uso compartido de infraestructura, pero no detalla cómo se fiscalizarán estos aspectos clave. "Se eliminan barreras de entrada, pero sin mecanismos claros que eviten distorsiones en el mercado", advierten analistas del sector, quienes recuerdan que muchas cooperativas operan con respaldo de gobiernos locales.

Entre agilización y riesgos regulatorios

La medida se enmarca en las facultades extraordinarias de la Ley de Bases 27.742, que habilita al Ejecutivo a modificar regulaciones en emergencia económica. Mientras las autoridades destacan que el ENACOM tendrá más herramientas para supervisar el sector, operadores privados temen que la falta de precisiones sobre el acceso a infraestructura crítica (como fibra óptica o torres de transmisión) pueda generar competencia desleal. El debate ahora se centra en si esta reforma, aunque bienintencionada, requerirá ajustes para garantizar una verdadera apertura del mercado sin privilegios sectoriales.